Sarampión en Norteamérica: la vacunación como bien común frente a la desinformación
Mario Delgado Noguera
El aumento de casos de sarampión en Canadá, México y Estados Unidos vuelve a poner en primer plano una pregunta que no es nueva pero sí urgente: cómo proteger a la población cuando una enfermedad prevenible reaparece por fallas en la cobertura de vacunación. Los datos reportados según El Tiempo en 2025, muestran 6.428 casos de sarampión en México y 2.200 en Estados Unidos. En términos absolutos, esas cifras pueden parecer limitadas; en términos epidemiológicos, bastan para reactivar cadenas de transmisión en comunidades donde la inmunidad colectiva se ha debilitado.
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| Imagen tomada de The NewYorker |
El sarampión se transmite de persona a persona y es una enfermedad viral muy contagiosa que cusa muertes y secuelas. La herramienta central para contener su circulación es la vacunación con coberturas por encima del 90 %, umbral que permite la llamada inmunidad de rebaño. Cuando ese nivel no se alcanza, el virus encuentra espacios para circular. En Norteamérica, el repunte coincide con la expansión de discursos antivacunas que han ganado espacio público y respaldo político. En Estados Unidos, el actual secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha promovido durante años la idea de una relación entre vacunas y autismo, tesis basada en el llamado fraude de Wakefield, desmontado por la comunidad científica y por la revista que publicó el artículo original. Pese a ello, ese argumento se ha usado para cuestionar programas de vacunación, desarmar comités asesores de científicos y proponer sustitutos de la vacunación sin evidencia, como la administración de vitamina A en dosis elevadas, con reportes de intoxicación en niños.
La desinformación no es un fenómeno abstracto. Tiene consecuencias medibles. Cuando se siembra duda sobre una intervención de salud pública, la cobertura cae y el riesgo se distribuye de forma desigual. El sarampión no distingue fronteras ni afiliaciones políticas, sin embargo, su prevención por la vacuna puede ser usado como arma política. Su control depende de decisiones colectivas sostenidas en el tiempo.
En Colombia, el Ministerio de Salud y la Sociedad Colombiana de Pediatría han reiterado tres hechos básicos: las vacunas funcionan, son seguras y hacen parte del sistema de salud. Estas afirmaciones se apoyan en décadas de evidencia. La vacunación ha tenido un impacto comparable al del acceso al agua potable en la reducción de mortalidad por enfermedades infecciosas. Durante la pandemia de covid-19, pese a la circulación de mitos, los estudios confirmaron que las vacunas redujeron muertes, hospitalizaciones y secuelas. En paralelo, la tecnología ha permitido desarrollar vacunas con altos perfiles de seguridad y esquemas de vigilancia continuos. En esa línea, el país aprobó recientemente la vacuna contra el dengue, una enfermedad transmitida por vectores que afecta a varias regiones.
Las redes sociales han acelerado la circulación de falsedades. Frente a ese escenario, la respuesta no puede limitarse a desmentidos aislados. Requiere campañas sostenidas, cercanas a las comunidades, y servicios de salud con capacidad de respuesta. En contextos de desastres asociados al cambio climático —inundaciones como la del departamento de Córdoba—, la continuidad de la vacunación evita que a la emergencia ambiental se sume una emergencia epidemiológica.
El debate tiene además una dimensión internacional. La decisión de la administración Trump de retirar apoyo a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud debilita los sistemas de alerta y coordinación que permiten detectar brotes y coordinar respuestas. Defender la salud como derecho universal implica sostener el multilateralismo sanitario y la cooperación entre países. Implica también apostar por información basada en evidencia, accesible y verificable, frente a narrativas que reemplazan la protección colectiva por lógicas de transacción, interés comercial y fragmentación.
La vacunación es un bien común. Protege a quien la recibe y a quien no puede recibirla. Cuando falla, el costo se distribuye en el sistema de salud, en ausentismo laboral, y en mantener hospitales, escuelas y hogares. El brote de sarampión en Norteamérica recuerda que la prevención no es un asunto del pasado. Es una tarea urgente, presente, compartida y dependiente de la confianza pública.
Calvache, J. A.; Delgado-Noguera, M. OMS bajo ataque: recortes, populismo y el desmantelamiento de la salud como Bien Común. Rev. Fac. Cienc. Salud Univ. Cauca 2025, 27, e2714.
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