La restauración anunciada: notas sobre el próximo siete de agosto

 

Mario Delgado Noguera

Importa la fecha: 7 de agosto de 2026. Un aniversario patrio, el de la Batalla de Boyacá, nada menos, convertido tradicionalmente en fecha de posesión del nuevo presidente, que se pretende romper colocando el traspaso del poder en una guarnición militar, romper de la tradición republicana de Colombia. No se sabe aun si el Congreso asistirá como dice la Constitución porque el juramento del nuevo presidente debe ser ante la corporación. Abelardo de la Espriella, el abogado que se hace llamar "el Tigre," con su 49,66% de los votos y su gabinete aún en formación, se prepara a heredar un país que está a punto de ensayar un ejercicio de regresión institucional sin precedentes desde 1991.

Fotografía del acto de posesión del gobierno Petro, 2022

 
La tesis de la restauración, que ha aparecido en columnas de opinión, tiene una estructura casi silogística. Primera premisa: la Constitución de 1991, que ha sido elogiada recientemente en Bogotá como ejemplo de constitucionalismo sostenible, es un pacto de ampliación de derechos: el bloque de constitucionalidad, la acción de tutela, el reconocimiento del pluralismo étnico y religioso que sepultó, o pretendió sepultar, el andamiaje confesional y centralista de la Carta de Núñez de 1886. Segunda premisa: el nuevo gobierno no oculta su nostalgia y su fervor por aquel orden anterior, el orden de la "autoridad," de la "familia tradicional," del Estado confesional, disfrazados de neutralidad y de respeto constitucional. Por lo tanto, llegamos a la conclusión: estamos llegando a algo no menor, la arquitectura moral del siglo XIX con la restauración del vocabulario, los privilegios heredados de las castas y élites, junto con las imágenes de vírgenes multicolores y su difusión en las bodegas de redes, autodenominación de “tigres y tigresas”, el felino foráneo como símbolos para el disfraz apropiado al siglo XXI.

Y ahí aparece, inevitablemente, el fantasma de Laureano Gómez el expresidente conservador de la década de los cincuenta, simpatizante de los nazis. Politólogos como los que han poblado los medios colombianos desde junio evocan al ideólogo de “hacer invivible la República”, de unirse con las jerarquía católicas de entonces para establecer un régimen de corte fascistoide; aquel que convirtió la intolerancia religiosa en programa de gobierno y el sectarismo conservador en incitación abierta a la Violencia así, con mayúscula, como la llama la historiografía nacional al período sangriento que tan bien lo retrató Álvarez Gardeazábal en sus novelas. El paralelo, dicen los analistas, no es antojadizo: una actitud nacionalista, de un catolicismo anterior del Concilio Vaticano II, punitivo, alérgico al disenso e intolerante.

Fotografía del traslado de la espada de Bolívar en el acto de posesión del gobierno Petro, 2022

 
El gabinete —Vivian Morales, Lucio, Bula, Mora, herederos de Laureano Gómez, nombres que circulan en la prensa como parte del futuro equipo, algunos de la Universidad Sergio Arboleda, funciona en este análisis como corpus probatorio de la vuelta al pasado: cada cartera, argumentan los críticos, representa un frente de reversión, alineación a Trump y sus presidentes en Latinoamérica. 

Derechos reproductivos, protecciones a la diversidad, jurisprudencia de género construida tutela tras tutela durante tres décadas: todo, sostienen, queda bajo sospecha de desmonte con métodos no constitucionales ni cívicos del nuevo gobierno. Súmese el uso "grosero," del discurso religioso en la político, de símbolos en carteles religiosos chillones como capital simbólico, la promesa de retirar a Colombia de la ONU, la OEA y la CIDH, y el objetivo declarado de desmantelar buena parte de las reformas sociales del gobierno saliente de Gustavo Petro y del gobierno anterior de Santos puesto que ha dicho el abogado que eliminará la Unidad de implementación del Acuerdo de paz. 

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