Chile 2023, entre dos constituciones de la derecha

 

Mario Delgado Noguera

El proceso de reforma constitucional en Chile fue iniciado como respuesta a las masivas protestas sociales que tuvieron lugar en el país en 2019, conocido como el “Estallido social”, semejante al ocurrido en Colombia en 2021, durante el gobierno de Duque. Fue un movimiento que se prolongó por varios meses, la chispa del estallido fue una subida del precio en el metro de Santiago, dejó muertos y lesionados, entre éstos cientos con lesiones oculares. Además del malestar social imperante y de pedir un cambio en el modelo de desarrollo extractivista y de economía de mercado, uno de los principales reclamos de los manifestantes era la necesidad de redactar una nueva Constitución que reemplazara la perpetrada en 1980 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y refrendada bajo un cuestionado plebiscito.

Gabriel Boric

La reforma constitucional comenzó con un acuerdo político amplio alcanzado en el Congreso en noviembre de 2019, que estableció la creación de una Convención Constitucional para redactar una nueva Constitución. La Convención Constitucional se conformaría mediante elección popular libre y tendría la responsabilidad exclusiva de redactar el texto de la nueva Constitución. 

En octubre de 2020, se llevó a cabo un plebiscito en el que los chilenos votaron abrumadoramente a favor de redactar una nueva Constitución. Era evidente la sensación de un malestar en la sociedad chilena. Posteriormente, se llevaron a cabo elecciones en mayo de 2021 para seleccionar a los 155 miembros de la Convención Constitucional. La propuesta constitucional contenía entre otros aspectos, derechos ambientales, el derecho al agua, derechos de género y en la educación, reconocimiento de los pueblos indígenas, cambios en el sistema neoliberal de pensiones de los chilenos que los sometía a unas pensiones muy reducidas. Eran reclamos por las necesidades acumuladas en la vida de los chilenos, inmersos en un modo de vida dominado por las utilidades de unas pocas familias que dominan la economía chilena, una plutocracia que por añadidura tiene el control de los medios de comunicación.

Sin embargo, en el plebiscito para refrendar la propuesta constitucional, los chilenos votaron en contra de ella en septiembre de 2022. Aquella propuesta de Constitución, fue un documento muy criticado, extenso, que se preciaba de incluyente, escrito en la impaciencia de los cambios globales, un texto abrumador para muchos y donde, según dicen los analistas, faltó el diálogo por cierta arrogancia de los sectores de izquierda que no palparon con acierto los nuevos reclamos como el costo de la vida, la inflación, la percepción de inseguridad y el control de la migración; con argumentos de miedo la derecha chilena aprovechó para que se votara negativamente por el texto. De esta manera, el presidente Boric nuevamente apeló a concertar para una nueva elección de redactores de la Constitución, sintiendo un golpe a su gobernabilidad lo que llevó a cambios en su gabinete. El joven mandatario, a diferencia de Gustavo Petro, tenía mayores dificultades en la aprobación de las reformas, pues no había negociado lo suficiente como sí lo hizo Petro con la coalición inicial con los partidos y sectores tradicionales y clientelistas en Colombia, en un pacto que dicho sea de paso, terminó a los nueve meses de su gobierno.

El Partido Republicano de José Antonio Katz, un ultraderechista nostálgico de la mencionada dictadura, ha sido el ganador al obtener 23 de los 51 consejeros, el mayor número de constitucionales. Katz quedó en segundo lugar en las pasadas presidenciales. Los miembros del Republicano son los encargados de escribir la nueva Constitución de Chile. Uno de los consejeros, Luis Silva, es un conspicuo miembro del Opus Dei, pertenece a la rama más reaccionaria de la iglesia Católica. Katz, habla de familia, patria y libertad, promueve el nacionalismo, rechaza la inmigración y se opuso inicialmente a la idea de constituyente. Paradójicamente, en un mal escenario, como lo anotaba una columna de opinión de El País de España, ahora Chile está entre la Constitución de Pinochet y la que saque adelante Katz pues tiene la mayoría y la izquierda no tiene el poder del veto. Sus 23 escaños pueden sumarse a los 11 que obtuvo la derecha tradicional y quizás no escuchar así a los sectores de centro y de izquierda en el proceso constituyente. La lista del presidente Boric quedó en segundo lugar, (Esperaba la mayoría), con tan solo 17 consejeros y por lo tanto en la redacción de la constitución, tiene un campo de acción limitado. 

Lo que ha sucedido en Chile, es una lección de advertencia para el gobierno de Gustavo Petro en Colombia cuando se mira el contexto de las elecciones para gobernaciones y municipales de octubre de 2023, pues quienes votaron por él, y por Francia Márquez, la vicepresidenta, pueden no estar tan motivados para votar por las listas del Pacto Histórico, el pacto que lo llevó a ganar por 700mil votos, en las pasadas elecciones de 2022.

Una derecha ultra como la de Katz, con el poder de hacer una nueva Constitución, debe estar haciendo que los sectores de la izquierda chilena reflexionen y repiensen las acciones siguientes. A Boric le faltan aún cerca de cuatro años de su mandato. Y parece que posiblemente el país austral tendrá después de ese periodo un gobierno de derecha. El debate entre la izquierda chilena es muy necesario ahora porque el gobierno ha dicho que seguirá impulsando las reformas, mientras el modelo extractivista, el alto costo de la vida, la crisis climática y ambiental, la falta de agua y la desertificación y el auge de la delincuencia, generan un contexto difícil para los cambios que requieren los chilenos más allá de la mirada tradicionalmente generadora de miedo y la manipulación y la falsedad de la reacción chilena.